El interés legítimo de Mexicanos Primero

El 11 de marzo de este año, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo de Mexicanos Primero.1 La importancia de la sentencia radica en la superación del paradigma del principio de relatividad construido a la luz del interés jurídico para, en lo sucesivo, permitir la defensa de derechos sociales como la educación a través del interés legítimo.

 

Los antecedentes de este caso se sintetizan de la siguiente manera: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizó la cuenta pública del gobierno federal correspondiente a 2009 y 2010. En los respectivos informes de resultados detectó una serie de irregularidades en el manejo, destino y aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB),2 entre las que destacan los pagos efectuados a maestros que no realizaban funciones docentes, así como los apoyos y las transferencias al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sin justificación alguna.

A pesar de esas irregularidades, la ASF omitió realizar todas las acciones a que le obliga el artículo 79, fracción IV, de la Constitución federal; a saber: aplicar sanciones económicas a los responsables y exigirles la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y promover ante la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República la aplicación de las sanciones administrativas y penales que procedan.

Las omisiones de la ASF constituyeron el acto reclamado en la demanda de amparo por violación al derecho humano a la educación reconocido en el artículo 3º de la Constitución federal y en diversos tratados internacionales de los que México es parte.3

Procedencia del amparo

Como antes se apuntó, los retos en el amparo fueron los siguientes: por una parte, justificar que el derecho humano a la educación fuera tutelable mediante el juicio de amparo y, por otro lado, que una asociación civil contara con interés legítimo para defender ese derecho por encontrarse en una especial situación frente al orden jurídico.

Con anterioridad a la emisión de la sentencia de Mexicanos Primero, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijó los siguientes parámetros para definir el contenido y los alcances del interés legítimo: que exista un vínculo causal entre los derechos humanos transgredidos y la persona que comparece en el amparo; que se tenga un agravio diferenciado del resto de los integrantes de la sociedad, por tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, y que la reparación en el juicio de amparo produzca un beneficio o efecto positivo en la esfera jurídica del quejoso.4

Vínculo causal entre el derecho a la educación y Mexicanos Primero

Para la primera sala de la SCJN el derecho a la educación está reconocido en el artículo 3º de la Constitución federal y en diversos instrumentos internacionales,5 cuya efectividad se materializa en el cumplimiento de diversas obligaciones que recaen no sólo en el Estado sino también en los particulares y en las asociaciones civiles.6

El planteamiento en la demanda de amparo fue que Mexicanos Primero contaba con interés legítimo para promover el juicio, dado que en su objeto social expresamente consta que es una asociación dedicada a la promoción, protección y defensa del derecho humano a la educación. La sentencia del 11 de marzo así lo reconoció, al establecer que si una asociación acude en defensa de un derecho humano de carácter colectivo como la educación, “el juzgador debe realizar un estudio integral de la naturaleza del derecho, el objeto social de la asociación y la afectación que se alega”.7 Estos tres elementos deben analizarse de manera conjunta para estar en posibilidad de conocer si la violación al respectivo derecho humano trasciende a la esfera jurídica de la asociación y determinar si ella se ubica en una especial situación frente al orden jurídico.

Conforme a la misma sentencia, para que una asociación civil pueda “acudir al juicio de amparo para reclamar el incumplimiento por parte de las autoridades respecto de las obligaciones en materia educativa, [debe] acreditar que su objeto social tiene como finalidad verificar el cumplimiento de ese derecho”;8 pero, además, tiene que probar que ha actuado conforme a las facultades que le otorgan sus estatutos. Así, deberá existir un vínculo causal entre el derecho humano reclamado y la afectación al quejoso, como condición para actualizar su especial situación frente al orden jurídico, en los términos exigidos por el artículo 107, fracción I, de la Constitución federal.

Agravio diferenciado en Mexicanos Primero

Un logro importante en este amparo fue el reconocimiento de un agravio diferenciado de la asociación civil respecto del resto de la sociedad, por tratarse de una “defensa específica relacionada estrechamente con el objeto para el cual fue constituida, por lo que obstruir su acceso al juicio de amparo a su vez impediría que la asociación cumpliera con uno de los fines para los que fue creada”.9 De este modo, Mexicanos Primero, además de defender el derecho humano a la educación, invocó su violación en tanto que las omisiones de la ASF afectaron el cumplimento de los fines para los que fue constituida.

Efectos de la sentencia y el interés legítimo

Hasta antes de la sentencia del 11 de marzo, una tendencia había sido declarar la improcedencia de los juicios promovidos por interés legítimo, porque de concederse el amparo se violaría el principio de relatividad de las sentencias establecido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución federal, pues los efectos de éstas se extenderían a terceras personas.

En un artículo publicado en El Mundo del Abogado sostuvimos que el interés jurídico “como concepto constitucional difiere del interés legítimo. El primero tiende a la protección de derechos individuales de los quejosos; el segundo, a la tutela de derechos supraindividuales o colectivos. En eso gravitan las diferencias estructurales entre uno y otro conceptos, por lo que los alcances del principio de relatividad definidos conforme a los cánones del ancien régime—previos a la décima época— respecto del interés jurídico no son trasladables en forma mecánica al interés legítimo”.10

La primera sala de la SCJN refrendó las ideas anteriores y resolvió que el principio de relatividad debe ajustarse a una interpretación progresiva del interés legítimo, como lo ordena el artículo 1º de la Constitución federal. Adicionalmente, en la sentencia se indicó que los artículos 17 de la propia Constitución y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantizan la tutela judicial efectiva por parte de los tribunales federales, lo que permite concluir que “la aceptación del interés legítimo genera una obligación en el juzgador de buscar los mecanismos adecuados para remediar los vicios de inconstitucionalidad, aun cuando éstos salgan de la esfera individual de la quejosa, por lo que no resultaría exacto invocar la relatividad de las sentencias en este aspecto”.11

En conclusión, la primera sala resuelve que en aras de garantizar la tutela efectiva de derechos sociales, la causal de improcedencia relacionada con el principio de relatividad “no puede actualizarse cuando se alega un interés legítimo en defensa del derecho a la educación”,12 pues, por definición, éste implica que los efectos de las sentencias no se limiten a los quejosos, sino que se extiendan a terceras personas (los educandos en particular).

Una sentencia relevante

La sentencia de la primera sala de la SCJN ha fijado un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, que en el caso de Mexicanos Primero se materializa en la obligación de que, respecto de las irregularidades observadas en los informes de resultados de la cuenta pública de 2009 y 2010, la ASF proceda de la siguiente manera: aplique sanciones económicas a los responsables y les exija la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y promueva ante la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República la aplicación de las sanciones administrativas y penales que procedan.

Conclusión

La sentencia del 11 de marzo de este año ha despejado el camino para que otras asociaciones civiles acudan a los tribunales federales para solicitar la protección de derechos humanos colectivos o sociales, como la salud, la seguridad pública, el medio ambiente, etcétera.

Asimismo, la decisión de la primera sala de la SCJN trasciende al Sistema Nacional Anticorrupción recientemente introducido en la Constitución federal, pues en todos los casos en que la ASF detecte irregularidades en el manejo de recursos públicos tendrá que proceder en los términos que le impone el artículo 79, fracción IV, de la Constitución federal. Las organizaciones sociales cuyo objeto social prevea esta posibilidad tendrán interés legítimo para exigirlo a los tribunales de amparo.

NOTAS

 

* Abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la UNAM.

1 Aprender Primero, A.C., fue la quejosa en este amparo, al ser el brazo litigioso de Mexicanos Primero.

2 El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) está constituido con recursos que la Federación transfiere a los estados y al Distrito Federal.

3 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Declaración Universal de Derechos Humanos, y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

4 interés legítimo. contenido y alcance para efectos de la procedencia del juicio de amparo (interpretación del artículo 107, fracción i, de la constitución política de los estados unidos mexicanos). Tesis: P./J. 50/2014 (10ª).

5 derecho a la educación. es una estructura jurídica compleja que se conforma con las diversas obligaciones impuestas tanto en la constitución, como en los diversos instrumentos internacionales. Tesis: 1a. CLXVIII/2015 (10ª).

6 derecho a la educación. su efectividad está garantizada por diversas obligaciones de carácter positivo y negativo a cargo del estado y de los particulares. Tesis: 1a. CLXIX/2015 (10ª). Y derecho a la educación. su efectividad se encuentra condicionada al cumplimiento de las diversas obligaciones impuestas tanto al estado como a las asociaciones civiles. Tesis: 1a. CLXX/2015 (10ª).

7 interés legítimo de asociaciones civiles en defensa del derecho a la educación. el juzgador debe analizar el derecho cuestionado a la luz de la afectación reclamada para determinar la procedencia del juicio de amparo. Tesis: 1a. CLXVII/2015 (10ª).

8 derecho a la educación. para que las asociaciones civiles puedan acudir al juicio de amparo a reclamar su incumplimiento, deben acreditar que su objeto social tiene como finalidad verificar que se cumplan las obligaciones en materia educativa, así como probar haber ejercido esa facultad. Tesis: 1a. CLXXI/2015 (10ª).

9 derecho a la educación. la existencia del agravio diferenciado en una sociedad civil frente a los ciudadanos, se acredita con la trascendencia de la afectación a su esfera jurídica conforme a la naturaleza del derecho cuestionado. Tesis: 1a. CLXXII/2015 (10ª).

10 José Roldán Xopa y Luis Manuel Pérez de Acha, “¿Produciría efectos generales el amparo #YoContribuyente?”, El Mundo del Abogado, México, septiembre de 2013, p. 43.

11 Idem.

12 improcedencia del juicio de amparo. no se actualiza la causal relativa a la imposibilidad de reparar la violación alegada, si se determina la existencia de un interés legítimo a una asociación civil en defensa del derecho a la educación. Tesis: 1a. CLXXIII/2015 (10ª).

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