La colegiación obligatoria de la abogacía va a audiencias públicas

 

Los días 8, 9 y 10 de septiembre las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, llevaron a cabo las audiencias públicas sobre el “Fomento a la calidad de los servicios profesionales del Derecho”. Presentamos una síntesis de los aspectos analizados por académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil, autoridades federales y locales, y directivos de los colegios de abogados.

Las audiencias públicas sobre el “Fomento a la calidad de los servicios profesionales del Derecho” constaron de cinco bloques en los que se plantearon diversos posicionamientos y distintas propuestas. En el primero se dio a conocer la visión internacional; en el segundo, la de los académicos; en el tercero, la de las organizaciones de la sociedad civil; en el cuarto, la de las autoridades federales y locales, y en el quinto y último, la de los colegios de abogados.

Sin duda, es un tema que ha generado gran debate en el ámbito de lo público, tanto por el contenido de la iniciativa y lo que significa el establecimiento de un colegio que certifique la formación profesional, como por la calidad de los servicios educativos de México. Todas las posturas expresadas allí se refieren exclusivamente al ejercicio profesional del Derecho.

Durante su mensaje de bienvenida, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, subrayó la urgencia de verificar que las universidades sí cumplan con los requisitos que certifiquen una buena calidad en la formación de los encargados de velar y garantizar la protección y la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Por su parte, el senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, fungió como moderador del primer bloque en el que expertos de Argentina, España, Estados Unidos, Francia, Alemania, Colombia y Guatemala compartieron sus experiencias en torno de la instrumentación en la práctica de los programas de colegiación obligatoria y certificación.

En su oportunidad, la senadora Angélica de la Peña, secretaria de la Comisión de Justicia, expuso tres razones sobre la importancia de colegiar y certificar a las y los abogados: 1) adecuar la profesión a las nuevas realidades de la globalidad, 2) regular la forma en que se enseña Derecho en México y 3) detener la proliferación de pseudoescuelas. Subrayó que poseer una cédula no es una garantía de calidad profesional, ni académica.

Durante su intervención, el senador Ernesto Gándara Camou, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, mostró su interés en reivindicar la profesionalización y la calidad de los servicios jurídicos.

El senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la mesa directiva, inauguró el trabajo de las audiencias.

En el primer bloque, Carlos Andreucci, presidente del Consejo de Colegios y Órdenes de Abogados de Mercosur, refirió que en Argentina la certificación no es obligatoria. No obstante, de los 24 distritos, 22 tienen colegiación legal obligatoria, con un total de 82 colegios que agrupan a 120,000 abogados, lo cual permite el control de la matrícula, fija las pautas deontológicas y éticas, instaura un sistema de garantías para el juzgamiento de las infracciones y precisa un método democrático de renovación y elección de las autoridades colegiales.

La decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, centró sus reflexiones en los beneficios que representa la colegiación obligatoria, habló de los debates que se generaron en España e incitó a los legisladores mexicanos para que aprueben la reforma, ya que proporcionará seguridad jurídica a la ciudadanía.

En el apartado académico, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, subrayó la necesidad de contar con una Ley General de la Abogacía; precisó que el instituto apoya la formación de abogados técnicamente sólidos, socialmente responsables y éticamente solventes, así como la certificación del ejercicio profesional y la colegiación obligatoria.

De igual forma, Óscar Cruz Barney, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó que los abogados podrán mantener su libertad y su independencia si se ven asistidos, orientados, estimulados y, en caso de ser necesario, sancionados por el colegio profesional de adscripción. Señaló que la certificación es un imperativo ético. “Certificación sin colegiación es un sinsentido”, dijo.

Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, puso en contexto el estudio en materia de justicia cotidiana: “Una de las principales conclusiones señala que en México la mayor parte de la población carece de las condiciones y los medios para solicitar y obtener del Estado el acceso a la justicia”.

Precisó que no existen soluciones perfectas, sino mejoras graduales; por ese motivo, hay que revisar los programas de formación y regular el ejercicio de la profesión, la cual debe suscribirse en el marco de una política que incluya la certificación, el ejercicio y la responsabilidad profesional. Argumentó que la colegiación es uno de los instrumentos que pueden servir para mejorar la calidad de los servicios, pero no es el único camino.

Desde la perspectiva de las organizaciones civiles, Alonso González Villalobos, director de ABA ROLI México, expuso que para fomentar una mayor calidad es imprescindible contar con un esquema bien estructurado de colegiación y certificación periódica obligatoria de los conocimientos.

Por su parte, Ernesto Canales, presidente de la Fundación Renace, presentó casos prácticos del estado de Nuevo León, aludiendo que el nuevo sistema de justicia penal ha sido el detonador de este gran debate, el cual, no por ser complejo, debe quedar desatendido. “Es indispensable contar con un sistema práctico y eficiente que sirva para controlar la conducta de los abogados”, declaró.

Finalmente, en el quinto bloque participaron las autoridades de los colegios y las asociaciones más importantes de México. Ricardo Ríos Ferrer, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, explicó que la iniciativa de reforma al artículo 28 constitucional establece que los colegios profesionales no constituyen monopolios. “No se trata de crear cárteles, ni de permitir prácticas anticompetitivas por parte de los colegios o de sus miembros”, aseveró. Agregó que los colegios no deben tener fines de lucro y que los abogados de escasos recursos pueden realizar trabajo pro bono para compensar su cuota.

Recalcó que la exposición de motivos de la iniciativa debe establecer la libre movilidad de abogados, la prohibición de la tasación de honorarios, la libre selección de litigantes por el consumidor y la simetría de la información que permita conocer el nivel de estudios, capacitación y conducta profesional de los agremiados.

Alonso Pérez-Cuéllar Martínez, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, precisó que la calidad de los servicios tiene como principal destinatario a los ciudadanos, los cuales exigen abogados ética y técnicamente regulados. Definió tres temas fundamentales por atender: 1) cuotas, 2)premios y sanciones y 3) número de colegios y requisitos para su constitución y permanencia.

Según datos del INEGI, existen más de 300,000 abogados que ejercen en el país; Pérez-Cuéllar se preguntó si todos ellos están debidamente capacitados para enfrentar los nuevos retos. Además, subrayó que en nuestro país ningún archivo contiene expedientes donde se pueda conocer si hay denuncias por faltas a la ética. Ni siquiera existen códigos de ética obligatorios, afirmó.

En su intervención, Ricardo Cervantes Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, propugnó por una colegiación y certificación obligatoria. Indicó que este ejercicio democrático derivará en acciones que coadyuvarán en el acceso a la justicia y redignificará el ejercicio de la abogacía mexicana, ya que legalmente un abogado puede ostentarse como experto en cualquier materia, realizando una representación negligente; por eso es de vital importancia atender la especialidad por conocimientos.

Existe una carencia de principios éticos en el actuar de gran parte de los profesionales que ha generado desconfianza, debido a la corrupción y a la impunidad. Los colegios profesionales cuentan con códigos de ética y programas de educación continua para sus miembros, así como de certificación voluntaria, reconocidos por la población y por el empresariado mexicano. Para la ANADE también es fundamental el ejercicio del trabajo pro bono; sin embargo, para que lo expuesto sea efectivo es necesario atender su obligatoriedad para que, quien no cumpla, no pueda seguir prestando servicios deficientes a la comunidad.

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