¿Quiénes serán los nuevos ministros de la Suprema Corte?El 30 de noviembre de 2015 concluirán su encargo, como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza. Aunque cuando ambos lo iniciaron, a principios de 1995, ninguno de ellos formaba parte del ala progresista del Máximo Tribunal, ahora son dos de sus miembros más distinguidos. Su transformación gradual y su desplazamiento de una posición a otra permitieron que la Corte no se quedara en un simple órgano legitimador de las decisiones del Ejecutivo sino que, por el contrario, fungiera como contrapeso en más de una ocasión.

¿Quién los va a reemplazar? Para responder esta pregunta habría que echar un vistazo a los grupos interesados en colocar a uno de sus miembros. Tres son los más visibles: por un lado, el conservadurismo, cuyos operadores son dos antiguos ministros de la Corte: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Mariano Azuela. Su candidato es Eduardo Ferrer McGregor, quien actualmente es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque Ferrer es un jurista joven —nació en 1968— sus puntos de vista han estado vinculados, de modo invariable, con la doctrina social cristiana. Los senadores del PAN estarían encantados con un ministro como él.

Del otro lado del espectro, los progresistas están impulsando a Ana Laura Magaloni. Algunos grupos de la UNAM la respaldan. La combativa abogada ha expresado su interés de un modo poco ortodoxo y ha moderado sus puntos de vista en sus artículos en Reforma para refrendar su compromiso. Una ministra como ella le vendría bien a la Corte, pero ni PRI ni PAN la verían con buenos ojos. Sí, en cambio, el PRD.

Al centro, impulsado por Humberto Castillejos, consejero jurídico del Ejecutivo federal, se encuentra el litigante, académico y legislador Raúl Cervantes. Su licencia como senador divide a la comunidad jurídica de México —¿aún es senador o no lo es?—, pero los senadores priistas, felices, pasarían por alto esta “minucia”. Sin negar sus muchas cualidades, el problema es que se le ve demasiado próximo al Ejecutivo y, después del desgaste que sufrió Eduardo Medina Mora, su llegada presentaría costos que no todo mundo está dispuesto a asumir.

Pero no son estos tres los únicos candidatos. Hay otros que, aupados por distintos grupos de interés, tienen puestos sus ojos en las dos ponencias que pronto se quedarán sin cabeza. Después de todo, aunque hoy día el burocratismo asfixia a la Corte (bastaría ver una de las soporíferas sesiones de su pleno), y aunque el trabajo es descomunalmente aburrido —revisar, en tercera instancia, asuntos que, en su mayoría, tienen carácter administrativo o fiscal—, los sueldos, canonjías y jubilaciones de los ministros resultan envidiables.

Por un ingreso de 6,766,428 pesos anuales, hasta académicos como Pedro Salazar o Sergio López Ayllón podrían renunciar al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM o al CIDE, respectivamente, para convertirse en ministros. Todo indica, sin embargo, que su capital político no les alcanza. El rector de la UNAM pudiera querer impulsar a Salazar o a César Astudillo, su inteligente abogado general, pero después del respaldo que brindó a Luis Raúl González Pérez para la CNDH, Narro ha agotado su cuota.

También la llamada “sociedad civil” tiene sus candidatos, así como aquellos que sienten que el gobierno de Enrique Peña “se las debe”. Entre estos últimos, no hay que perder de vista a los integrantes del Tribunal Federal Electoral. Después del trabajo que hicieron a favor del Partido Verde, esperan su recompensa. Ya que se les cayó su proyecto de la pensión vitalicia, un sitial en la Corte no les vendría nada mal: ya demostraron su lealtad.

Paradójicamente, la que estos magistrados consideran su carta más fuerte constituye su punto más vulnerable. Designar a cualquiera de ellos luego de las elecciones federales y de una gestión tan sesgada, representaría un golpe mortal para la Corte. Ésta comenzaría a ser vista, como en la época salinista, como un premio para políticos afines al régimen. Fue este desprestigio el que obligó a Zedillo a renovarla por completo en su momento. Dado el poco respeto que hemos visto a últimas fechas por nuestras instituciones —el IFE, la COFETEL, el IFAI…—, ¿queremos que el próximo gobierno vuelva a disolver a la Corte y la vuelva a armar otra vez, de acuerdo con los intereses de los nuevos grupos en el poder?

En opinión de algunos, el mejor camino es integrarla con elementos que restablezcan la confianza y transformen su imagen. Los candidatos ideales podrían ser, después de todo, los propios magistrados de carrera. Hay algunos de gran valía. Gonzalo Hernández Cervantes, por citar sólo a uno de ellos.

Pero, como van las cosas, es poco probable que los magistrados federales hallen apoyos al interior o al exterior del Poder Judicial. Los partidos políticos no van a perder una posición tan emblemática. Habrá que desear suerte a nuestra Suprema Corte…

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